En un escenario de salida “sin acuerdo”, el Reino Unido se convertiría en un tercer país sin disposiciones transitorias, y las relaciones con la Unión Europea se regirían por el Derecho Internacional público general, incluidas las normas de la Organización Mundial de Comercio.
La UE estaría obligada a aplicar inmediatamente sus normas y aranceles en sus fronteras con el Reino Unido. Esto incluye comprobaciones y controles de las normas aduaneras, sanitarias, fitosanitarias y la verificación del cumplimiento de las normas generales de la UE. Las entidades de dicho país dejarían de ser elegibles para recibir subvenciones de la UE y los ciudadanos británicos dejarían de ser ciudadanos de la Unión Europea.